DERECHO A DECIDIR

El proceso de despenalización del aborto en España tras la dictadura franquista se inicia cuando en 1983 el primer gobierno socialista presenta un proyecto de reforma. El principal partido de la oposición, la coalición entre Alianza Popular y el Partido Demócrata Popular, anunció que iba a recurrir a la única estrategia extraparlamentaria posible, la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional. El Tribunal declaró que los derechos de la mujer hacían posible autorizar el aborto, aunque la libertad para interrumpir el embarazo no podía ser absoluta, ya que la norma fundamental atribuía un valor, que no un derecho, a la vida del feto. Así, el artículo 471 bis del Código Penal prevé despenalizar el aborto terapéutico (en caso de riesgo para la vida y/o la salud de la embarazada), eugenésico (probabilidad de que el feto nazca con graves taras físicas o psíquicas) y ético (caso de violación).

El Tribunal constitucional, pese a no constituirse en función de la voluntad directa de la población, intervino con una actuación que detuvo e imposibilitó la voluntad de la mayoría de los representantes elegidos por la ciudadanía.

¿Hasta qué punto es legítimo que una institución cuyos miembros no han sido designados por elección popular, limite a los representantes de los ciudadanos? Cuando se aprobaron los “supuestos” no penalizados, se hizo una mera interpretación de la constitución, ya que LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA NO HACE NINGUNA REFERENCIA EXPLÍCITA A LA CUESTIÓN DE SI SE DEBE O NO PERMITIR LA INTERRUPCIÓN VOLUNTARIA DEL EMBARAZO.

 

La Iglesia fue una de las instituciones sobre las que se fundamentó el régimen franquista y es esta misma Iglesia la que interfiere en temas políticos ante los que cabría discusión sobre la validez de sus posturas, teniendo en cuenta que estas opiniones parten de un sector ampliamente masculinizado cuyo menosprecio e infravaloración hacia la figura y funciones de la mujer es ampliamente conocido.

Consideramos que es un grave ataque a la autonomía de las mujeres el avance del fundamentalismo religioso. Con frecuencia el ámbito legislativo es presionado por organismos eclesiásticos con el fin de imponer normas de conducta propias de ese credo religioso al conjunto de los ciudadanos  independientemente de que sean o no, seguidores de esa confesión religiosa.

«Mujer y Religión en Europa» es el título de la resolución que  adoptó el pasado 19 de octubre la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa, en el que se recomienda a los países miembros – 46 en total –, que se aseguren de que «la mujer no sea víctima de leyes y políticas inspiradas en principios religiosos, [...] como los que restringen el acceso al aborto». Lo contrario para la Asamblea sería caer en la «intolerancia y la discriminación» por parte de las religiones cuya jerarquía está «dominada» por hombres. 

Hemos de garantizar la separación entre Iglesia y Estado para asegurar que las mujeres no se vean sujetas a políticas y leyes influidas por la religión.

 

El derecho a decidir sobre el aborto es una cuestión de Democracia y por tanto, las mujeres deben ser consultadas y tomar parte en las decisiones. La sociedad no puede continuar negando la competencia de las mujeres para definir su integridad, su reproducción o su sexualidad.

El aborto es una cuestión de Derechos Humanos, prohibirlo atenta contra los derechos fundamentales de las mujeres y contra los principios de justicia social, ya que generalmente las mujeres que mueren víctimas de un aborto clandestino, son las de menores recursos y las de sectores socioeconómicos más vulnerables.

La penalización del aborto arrastra a las mujeres a actuar  en la clandestinidad, arriesgando así su salud dadas las condiciones sanitarias en las que se producen estas operaciones. Penalizar el aborto no reduce el número de casos. 20 de los 46 millones de abortos realizados cada año son ilegales e inseguros desde el punto de vista médico. Cada 6 minutos muere una mujer a causa de un aborto ilegal. Los abortos clandestinos generan un problema de salud pública por el índice de muertes y por las consecuencias (muchas veces irreparables) que tienen en la vida de las mujeres.

 Es por esto que, DENUNCIAMOS:

-El control de la Iglesia Católica y del Estado sobre el cuerpo y la sexualidad de las mujeres.
-La sumisión de los poderes del Estado ante las presiones y amenazas de las jerarquías religiosas.
-Las legislaciones y políticas discriminatorias de los derechos de las mujeres, consecuencia directa de la pérdida de la laicidad del Estado.
-La mercantilización resultante de la práctica clandestina del aborto.
-Las legislaciones que impiden el pleno ejercicio de la ciudadanía, al ignorar los derechos sexuales y los derechos reproductivos de la mujer.

Asimismo, queremos dejar patente nuestra repulsa ante la actuación del SEPRONA al presentarse en los domicilios de  varias mujeres para citarlas a declarar, promoviendo así un proceso de criminalización de un derecho que las asiste y ampara como es el de interrumpir el embarazo dentro de los supuestos que establece la ley.

EXIGIMOS:

-Garantizar y promover los derechos sexuales y reproductivos e incidir en el derecho de toda mujer al control sobre su propio cuerpo.

-Un compromiso firme y decidido ante la despenalización total del aborto a efectos que deje de estar considerado delito en el Código Penal y se acabe así con la inseguridad jurídica que la actual ley ha generado. - El gobierno ha de garantizar que existan servicios de interrupción voluntaria del embarazo de calidad para todos los estratos sociales. Esto implica su inclusión en la red sanitaria pública de forma gratuita y normalizada.

 

Exigimos asimismo que este cambio vaya acompañado de medidas que promuevan la educación sexual en los centros escolares, el acceso a los métodos anticonceptivos y  la anticoncepción de emergencia a cargo de la Seguridad Social.

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“Infelizmente, las personas que se oponen a despenalizar el aborto son las mismas que se oponen a la educación sexual en las escuelas, a que las mujeres tengan un lugar más apropiado en la sociedad, a que existan métodos anticonceptivos disponibles. Se oponen a la anticoncepción de emergencia, que es una medida demostradamente capaz de reducir los abortos. Y dicen que están en contra del aborto, cuando en realidad están actuando para mantener la cantidad de abortos como está en este momento.

 Las personas que tienen poder para tomar la decisión no tienen ningún problema con que el aborto sea ilegal porque tienen dinero para hacerse un aborto sin ningún problema, en las mejores condiciones. Y son las que no tienen ningún poder para cambiar las políticas las que tienen problemas.

Lo importante es la información y el acceso a los métodos anticonceptivos. Eso es lo que permite que se reduzcan los abortos”.  (Aníbal Faundes, médico obstetra, profesor de la Universidad Estatal de Campinas, en Brasil, y presidente del Comité de Derechos Sexuales y Reproductivos de la Federación Internacional de Ginecología y Obstetricia).

 

Porque la mujer ha de tener dominio absoluto sobre el control de su propia fertilidad, se ha de garantizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo.

 Porque hemos de asumir de una vez por todas que la reproducción ha de ser un acto consciente,  voluntario y responsable y no ha de ser valorado sólo desde el punto de vista biológico.

 

La mujer posee el derecho a la gestación voluntaria, lo contrario sería negarle el derecho al control sobre su propio cuerpo.

 

POR UNA LEY DE PLAZOS.

Toda mujer tiene derecho a tomar su propia decisión.

Por una sociedad donde hombres y mujeres sean verdaderamente libres.

PCCL – PCE COMITÉ PROVINCIAL DE BURGOS                                                                                                                       Sª DE LA MUJER